Trata de personas ¿delito contra la libertad personal o contra los derechos humanos?

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Trata de personas ¿delito contra la libertad personal o contra los derechos humanos?

INDAGA | 21/Apr/2017 |

Por: Miluska Romero[1]

 

María (09 años) vivía con su mamá en un lejano pueblo de los Andes peruanos. Un día, la madre de María recibió a una señora natural de Lima, quien la convenció de entregarle a la niña bajo promesa de darle amor, cuidado y un mejor futuro. Pero en casa de esta señora, María recibiría solo maltratos y humillaciones, siendo obligada a trabajar como empleada del hogar, despertar de madrugada, sobrevivir jornadas de trabajo de 20 horas, dormir en condiciones infrahumanas, con solo dos comidas al día, sin poder bañarse, estudiar o jugar. María pasó de ser una niña con sueños a ser víctima de trata de personas.

Se desprende de este relato que la trata de personas no solo vulnera la libertad personal, sino los derechos humanos. De ahí que un sector de la doctrina señale que el bien jurídico protegido es la “Dignidad” y no la “Libertad personal”[2], como entiende la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ -116 del 06 de diciembre de 2011. Mi trabajo en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas en Lima me permite corroborar la posición de la doctrina nacional. El tratante tiene motivaciones de lucro, pero sobre todo su conducta busca vulnerar la dignidad de las víctimas.

Nuestro tipo penal, como en la mayoría de países, se inspira en el Protocolo de Palermo y concibe la trata de personas como un “delito proceso”. Uno de los aspectos en que difiere de dicho instrumento tiene que ver con “otras formas análogas de explotación”. Consideramos un avance la inclusión de esta cláusula, pues coloca a nuestra legislación en un nivel de protección superior al estándar internacional, donde sólo se considera una cláusula cerrada de tipos de explotación. Esta cláusula permite judicializar casos que, si bien no aparecen en el catálogo, constituyen formas de trata en tanto hay instrumentalización de un ser humano, como los casos de captación de niños para actividades ilícitas o los experimentos humanos. Pese a los avances señalados, aún hay mucho que perfeccionar en la legislación y en la política criminal.

 

El consentimiento de la víctima adulta

La legislación debe mejorar el valor del consentimiento de víctimas adultas. En el Perú, se exige acreditar que hubo “captación”, “engaño”, “coacción”, “abuso de poder”, etc. Es decir, se requiere acreditar que se vició la voluntad de la víctima, cuando primero se debió prescribir (como en otros países) que el consentimiento de la víctima es irrelevante, atendiendo a que nadie puede renunciar o disponer de su dignidad. Lo contrario equivale a admitir la figura del “esclavo feliz”, inaceptable en un Estado de Derecho.

 

El enfoque de género en la política contra la trata de personas

Pese a las cifras que informan de una mayor victimización femenina, se debe tener cuidado de limitar la trata de personas a un “un rostro femenino”. La evidencia muestra que este delito no distingue sexo, raza, edad o condición social. Más que un delito “de género”, es un delito “vulnerabilidades”. Los componentes que priman son el poder del tratante y la vulnerabilidad de la víctima, como señala Montoya[3]: Dar “un rostro femenino” a este delito podría generar políticas públicas de género específicas, donde se prioriza la atención de mujeres en desmedro de otras víctimas. Por ejemplo, hoy los pocos albergues están destinados para niños, niñas y adolescentes y mujeres. No existen albergues que reciban a varones adultos víctimas de trata.

 

La necesidad de generar u optimizar espacios regionales de lucha contra la trata de personas

Las investigaciones de trata de personas en Perú presentan limitaciones de acceso a cooperación judicial, debido a la diferencia de idiomas, costo de las traducciones y vencimiento de plazos. A menudo, sólo obtener copias de una investigación paralela en otro país (o datos sobre el paradero de una víctima) puede demorar entre 6 y 12 meses. Una de iniciativas de cooperación auspiciosas es la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas, cuyo lanzamiento oficial se realizó en un encuentro organizado por la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos en Brasil el 20 y 21 de setiembre de 2012. En dicha reunión se aprobó el “Protocolo de Cooperación Interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas”. Hoy la Red es coordinada por el fiscal argentino Marcelo Colombo, y constituye una relevante plataforma de intercambio y coordinación regional.

Existen otros espacios de interacción similares, como la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Centroamérica. Gracias a esta Coalición, los países centroamericanos brindan respuestas uniformes en persecución del delito y asistencia a víctimas, pues, por ejemplo, en el marco de ella, se disponen de lineamientos para el “Fortalecimiento de la Coordinación Institucional para el Combate de la Trata de Personas en Centroamérica”, una plataforma que integra a las oficinas de Migraciones, Ministerios Públicos, de la Mujer, etc. En conclusión, consideramos importante el impulso de una coalición similar en Sudamérica, pues contribuiría con agilizar procedimientos, generar y compartir buenas prácticas. Esta coalición sudamericana podría constituir un medio idóneo para combatir y, en el futuro, erradicar la trata de personas de nuestras sociedades. En conclusión, como diría nuestro poeta César Vallejo, “hay hermanos, muchísimo que hacer”.

 

[1] Correspondencia a mromero@mpfn.gob.pe

[2] MONTOYA Vivanco, Iván “Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de Trata de personas. Organización Internacional para los Migrantes, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, pp. 50-52.

[3]MONTOYA Vivanco, Yvan. “El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana”. http//dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201601.

Año: 
2017
Eje Temático: 
Trata de Personas

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