Rompiendo el Silencio. El acceso a la justicia de mujeres víctimas de violación sexual en el Perú.

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Rompiendo el Silencio. El acceso a la justicia de mujeres víctimas de violación sexual en el Perú.

INDAGA | 02/Jan/2019 |

Por Gabriela Tello Pérez. Abogada por la Universidad Nacional de San Marcos, graduada con tesis de Investigación, con Maestría en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada de la Gerencia de Centros Juveniles de la Dirección General de Asuntos  Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

La violencia sexual es violencia de género y vulneración a los derechos humanos. En nuestro país este análisis tiene que completarse con otros elementos como: interculturalidad, etnia, rango etario o raza. Las definiciones de violencia deben ser útiles para describir sus formas más habitualmente: física, emocional, sexual, etc. El reconocimiento de estas manifestaciones violentas permitirá organizar conocimientos y prácticas sociales para comprender y apoyar a las víctimas. Pero una definición de violencia no solo debe describir el fenómeno, sino que debe tener un valor explicativo acerca de qué es la violencia de género y por qué se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres. La violencia, entonces, es inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce por la diferencia social y subjetiva entre los sexos. Es una forma de control[1]. Todo lo dicho sirve para sostener que enfocar el estudio de la violencia sexual sin tener en cuenta al género lleva a un callejón sin salida, por ello, nuestra argumentación se realiza desde el derecho, utilizando el género como una categoría de análisis. Representa un valor instrumental, una herramienta metodológica para el análisis del fenómeno jurídico y nos permite darnos cuenta que cuando se habla del derecho hay algo más que solo un componente normativo, estructural. Es así que también intervienen componentes valorativos en las personas que aplican las normas como quienes las formulan. Este enfoque sirve para interpelar de manera crítica al sistema de justicia de nuestro país, en relación con la situación legal de la mujer en el delito de violación sexual.

¿Qué es violencia de género? Esta es entendida como toda acción u omisión que cause un daño físico, psicológico o sexual a una persona por la pertenencia a un determinado sexo. Conocer la perspectiva de género demanda abordar tres dimensiones: la primera dimensión es el concepto de género. Existen distintas teorías que explican las desigualdades entre hombres y mujeres, como la propuesta de Joan Scott[1]: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de relaciones significativas de poder”. La segunda dimensión son las relaciones de género porque estas desigualdades se dan entre seres e individuos concretos relacionados entre sí. La tercera es el sistema de género porque estas relaciones se inscriben dentro de un sistema de poder donde las relaciones se encuentran jerarquizadas. Utilizado este enfoque de manera crítica en el derecho, Alda Facio plantea tres componentes (formal, institucional y valorativo)[2]. El conocimiento sobre el género en el derecho no transforma la vida de las mujeres, sino lo que esencialmente transforma es la apropiación de ese conocimiento para transformarse en un sujeto social que sea capaz de decidir sobre su propia vida.

Al hablar de violencia sexual contra mujeres, consideramos que las leyes que regulan la sexualidad son uno de los instrumentos de estratificación y consolidación de jerarquías sexuales, no solo por su poder en sí mismas sino también por el enorme valor simbólico que tienen. La hipótesis se cumple, en primer lugar, con la evolución histórica jurídica del delito de violación y cómo las normas que regulaban esta esfera eran discriminatorias, prejuiciosas y estereotipadas. Así, los resultados de las estadísticas de las instituciones también responden a un sistema de género, en donde puede producirse la violación tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, los hombres no van a denunciar porque se pondría en duda su masculinidad, esto es, simbólicamente piensan que su heterosexualidad se pondría en duda. También comprobamos con los datos estadísticos que cuando son niños y niñas las víctimas de violación sexual son afectadas en igual proporción.

Esta cifra se va distanciando en la medida que la mujer es adulta en donde el 99% de las agraviadas lo constituyen las mujeres. Los agresores sexuales, tanto de mujeres como de varones, son otros varones en su mayoría y responden al modelo de masculinidad hegemónica en donde se tiene que probar la hombría. En el caso de violación sexual, el grupo etario (edad) tiene suma relevancia, pues a las mujeres adultas se les hacen cuestionamientos, llámese juicios de reproche sesgados y prejuiciosos, con relación a su conducta, su pasado sexual, etc. En ese sentido la violación sexual significa uno de los más graves atentados contra una mujer, por lo que es difícil para ella llevar adelante un proceso judicial, lo que explica los pocos casos judicializados. Esta situación se va a plasmar más contundentemente en las regiones de la sierra y la selva, en donde el acceso a la justicia resulta mucho más difícil por el idioma, el factor económico, la distancia, entre otros.

Las defensoras y defensores de instancias especializadas se enfrentan a muchos obstáculos a lo largo del patrocinio en el delito de violación sexual. Acudir al sistema judicial podría significar una doble victimización para las víctimas por el tratamiento estereotipado, prejuicioso y discriminatorio de los operadores de justicia. Mientras que hombres y mujeres se vinculen a partir de patrones de identificación que los polarizan y remarquen las diferencias, no es posible alcanzar la equidad de género. Para los varones esto también constituye una mochila pesada, ya que si se sintieran libres de manifestar vulnerabilidad, ternura, miedo, no habría necesidad de manifestar agresión, la que se visibiliza por la necesidad de demostrar poder y de ser quien ejerce el control.

Resaltamos así la incorporación del enfoque de género y los derechos humanos, para desmantelar las relaciones sociales de poder y visibilizar la situación de inequidad en la que se encuentran las mujeres, lo cual se evidencia de forma flagrante en la  apropiación de su cuerpo y sexualidad y, por ende, se expresa en diferentes formas de violencia de la cual son víctimas. Resulta que el derecho, en general, y el derecho penal, en particular, han resaltado una igualdad normativa de derechos entre la mujer y el varón. Si bien existe, según nuestros postulados constitucionales, una equivalencia valorativa formal entre ambos géneros, esta no es tal en la realidad pues apunta a lo meramente formal. Por ello, consideramos que es muy valioso que existan espacios para buscar una justicia más efectiva en el Estado. Así, la justicia en nuestra sociedad responde también a un modelo tradicional de relaciones de género que no contempla ni valida la experiencia de la mujer ni lo difícil que es para ellas hablar de la violencia. En estos casos, el proceso de denuncia no es lineal y muchas veces no es inmediato, puede tomar meses, años o décadas debido, como hemos visto, a las dificultades propias del impacto subjetivo de la violencia sexual en la víctima. Además, cabe subrayar que en muchos casos el sistema de justicia no atiende de forma eficaz ni responde de forma sensible a los casos de esta naturaleza, cuestionando la credibilidad de las víctimas y buscando responsabilizarlas y por lo tanto, culparlas de lo que les sucedió.

En ese sentido, el camino de la denuncia es doloroso y difícil para las víctimas; por ello, es importante dotarlas de herramientas que equiparen su condición en un proceso judicial al igual que el agresor. Consideramos que la igualdad y la prohibición de la discriminación son piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. En el marco de los derechos de las mujeres, hablar de igualdad no significa identidad con los hombres, significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, pues cada persona vale igual que cualquier otra. Es insuficiente tratar a las personas de forma general y abstracta; los seres humanos también debemos ser vistos en nuestra peculiaridad y particularidad. En ese sentido, determinados sujetos de derechos y determinadas violaciones de derechos exigen una respuesta específica y diferenciada; apuntando más bien a una búsqueda de una igualdad sustancial, de una igualdad real.

Ahora bien, para lograr cambios en la administración de justicia, se deben ejecutar acciones desde distintos frentes, que implique a todos los operadores del sistema, mantener un diagnóstico permanente de la situación de la justicia y ello solo puede hacerse objetivamente recogiendo los problemas que son percibidos por todos los actores, y no solo por algunos de ellos. Es necesario incorporar una agenda de equidad de género y derechos humanos en materia de justicia, tarea que requiere, de un lado, que los intereses de las mujeres alrededor del funcionamiento de la justicia se hagan manifiestos y, de otro, que existan mecanismos que permitan recoger estos intereses por quienes participan y lideran los procesos de reforma. No podemos hablar de una justicia realmente democrática cuando vemos que la mitad de la población no siente que sus derechos son atendidos de manera eficaz y digna. Las mujeres tienen mucho que aportar, a partir de sus experiencias y expectativas, en el arduo y permanente trabajo de mejorar y modernizar el sistema de justicia de nuestro país. Consideramos que el acceso de las mujeres a la justicia en todos los niveles solo será posible con transformaciones de fondo que atraviesen todo el sistema en sus ámbitos legales, sociales, económicos, administrativos y culturales.

El campo de la prevención también resulta fundamental, más que agravar cada vez más las penas (que en realidad debe ser el último recurso del Estado). Se tienen que tomar acciones preventivas eficientes para evitar estos delitos, como socializar a los niños y niñas enseñándoles a respetarse unos a otros, brindando una educación de respeto, para lo cual urge el desarrollo de políticas públicas que se ejecuten de manera transversal en todos los sectores, que impliquen la incorporación de los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad; que permitan acercarnos más y romper las dicotomías que nos separan y que polarizan el discurso.

Finalmente, el compromiso también debe ser individual, cada uno de nosotros desde nuestra esfera de actuación puede ser un mecanismo transformador, promoviendo relaciones saludables entre los géneros, respetando las individualidades, reconociendo el derecho de los otros. Desde nuestro trabajo, desde nuestras familias, desde el lugar que ocupemos, podemos luchar para alcanzar una sociedad más justa y democrática.

¡Asumamos el compromiso y rompamos el silencio!


[1] SCOTT, Joan, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en LAMAS, Martha (comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México D. F., 1997.

[2] FACIO, Alda. “Con los lentes del género se ve otro derecho”, en Reducción de la pobreza, gobernabilidad democrática y equidad de género, Proyecto de Promoción de Políticas de Género GTZ, Nicaragua, 2003.

 

 

Año: 
2019
Eje Temático: 
Penitenciario

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