Relación de la Administración de Justicia y el Sistema Penitenciario

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Relación de la Administración de Justicia y el Sistema Penitenciario

INDAGA | 13/Jun/2016 |

 

 

Por: Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga. 

Catedrático de Derecho Penal, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

El endurecimiento continúo de las penas privativas de libertad aplicables a los autores o participes de delitos de tráfico ilícito de drogas, así como la restricción significativa de la procedencia de medidas de excarcelación anticipada al vencimiento de las condenas ha coadyuvado, en poco tiempo, a la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles peruanas, involucrando entre la población recluida en los penales del país cuotas significativas de delincuentes adictos. También se ha identificado en las estadísticas penitenciarias porcentajes significativos de condenados por delitos menores de tráfico ilícito de drogas como aquellos a los que alcanza la atenuante específica regulada en el artículo 298° del Código Penal. Esto es, peones campesinos, correos internos de drogas o vendedores callejeros de drogas al menudeo. Son estos sectores subalternos los verdaderamente vulnerables por la sobrecriminalización y los que sobre pueblan las cárceles. 

Es para ellos que se viene sugiriendo en el nuevo plan nacional penitenciario la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento, lo cual resulta compatible con la nueva política de control de drogas que propone la Organización de Estados Americanos-OEA y que ha venido impulsando la CICAD en los últimos tres años.  El desenlace final de todos estos antecedentes se dio en el marco de la Asamblea General de la OEA entre abril y junio de 2013 y ha quedado expuesto con meridiana claridad en el siguiente párrafo que citamos a continuación: “La búsqueda de alternativas al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas o para personas que cometen delitos menores dentro de las cadenas del tráfico, es también una necesidad actual. Desde luego, la eliminación de la cárcel para las personas por simple posesión de pequeñas cantidades de drogas parece hoy necesaria en las legislaciones de algunos países. Para estas mismas personas y también para quienes deban cumplir penas en el sistema carcelario, deben buscarse vías de rango judicial, para su integración laboral a la sociedad” (Cfr. Organización de Estados Americanos. El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de Debates y Consensos. Ob. Cit. p. 17).

Actualmente, pues, como consecuencia de la adopción estos inéditos enfoques sobre las políticas regionales americanas para el tratamiento penal del tráfico ilícito y el consumo de drogas indebido de drogas, ha quedado abierta la posibilidad de ampliar e innovar el espacio de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad que se regulan en los sistemas legales de los países miembros de la OEA., entre los que se encuentra el Perú.

Cabe señalar que el prototipo más frecuente entre las medidas alternativas reguladas en el derecho penal de los países alineados al interior de la OEA, correspondía a las denominadas de régimen de prueba, como la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio que contempla le legislación penal peruana (Cfr. Artículos 57° y 62° del Código Penal). Otro aspecto importante del citado informe fue lo concerniente a la utilidad de otras medidas alternativas de naturaleza procesal-legal, pero aún no reguladas en el Perú y que son conocidas como las Cortes de Drogas o los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTP) e integran la denominada Justicia Penal Terapéutica.

Es de esperar, pues, que el afianzamiento de la nueva política hemisférica a favor de medidas alternativas al encarcelamiento de los delincuentes vinculados a delitos menores de tráfico ilícito de drogas o de aquellos que los cometieron cedido a su adicción a tales sustancias psicoactivas, basada en un enfoque de salud pública y derechos humanos, se materialice normativa y operativamente en un mediano plazo en la región y en nuestro país.

En definitiva, pues, estimamos que las políticas que han acordado la implementación de alternativas al encarcelamiento de condenados por delitos menores de tráfico ilícito de drogas o por otros delitos cometidos por delincuentes adictos deben ser implementadas por el Estado peruano y adaptarse a las características de la legislación penal vigente. Que este tipo de decisiones y acciones estatales en nada contradicen su deber constitucional de perseguir y reprimir el tráfico ilícito de drogas. Por lo demás, ya en el Código Penal de 1991 y con reformas recientes, como la generada en agosto de 2013 por la Ley 30076 en torno a las medidas de régimen de prueba, se han puesto en vigencia opciones de despenalización similares, sin que ello haya resentido la legitimidad del ordenamiento jurídico conexo y sin que se haya objetado la constitucionalidad de dichas reformas.

 

 

Año: 
2016
Eje Temático: 
Penitenciario

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