Homicidios en el Perú. Dimensiones, distribución y consecuencias para la política criminal y de seguridad

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Homicidios en el Perú. Dimensiones, distribución y consecuencias para la política criminal y de seguridad

INDAGA | 14/Nov/2018 |

Sandy Martínez Jara

Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora en temas de violencia, justicia, seguridad y género.

Las cifras de homicidios son consideradas el indicador más robusto para conocer la situación de violencia e inseguridad en un país. Teniendo esto en consideración, el 2013, se conformó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) con la finalidad de estandarizar la tasa de homicidios en el país.

Así, en el Perú, según los datos del CEIC, la tasa de homicidios ha aumentado en los últimos siete años: de 5.4 víctimas en el 2011 a 7.8 víctimas por cada 100 mil habitantes en el 2017 (CEIC, 2018). 

Si bien no es el único indicador para explicar el fenómeno del crimen y la violencia en nuestro país que, en varios casos, responde a un diseño social y a una naturaleza bastante más compleja y problemática, es evidente que, en el actual contexto de autoridades recientemente electas, representa un indicador sobre el que las políticas del gobierno central y de los gobiernos subnacionales deberían prestar mayor atención, puesto que este, aún ligero, incremento podría apuntar a un escenario de mayor preocupación en años próximos.

Los datos del CEIC del periodo 2011-2017 permiten plantear algunos análisis y consideraciones a fin de diseñar respuestas basadas en evidencia. Para comenzar, el homicidio es una de las formas más extremas de violencia y, cuando se produce en vinculación con determinados eventos delictivos, puede afectar severamente el bienestar de las personas, el crecimiento económico y la institucionalidad. Por ello es necesario establecer políticas públicas y programas en aquellos lugares donde se concentran, de manera significativa, un elevado número de víctimas de homicidios, y en los que a su vez se adopten medidas de prevención frente a fenómenos delictivos que operen en dichas zonas.

En primer lugar, reconocer que la violencia letal es un fenómeno con un despliegue desigual, no uniforme a lo largo del territorio nacional, evidencia la necesidad de un giro subnacionales dentro de la respuesta estatal. De ahí que sea ineludible prestar mayor atención a los departamentos, provincias y distritos que concentren la mayor cantidad de homicidios. Siendo, por ejemplo, 10 departamentos y 30, distritos los que reúnen los números absolutos más altos por homicidios (el 69% y 34% a nivel nacional). Tales territorios deben ser priorizados por los sectores para un trabajo multisectorial que permita, además, determinar patrones y responder a las necesidades específicas de cada zona a partir de un análisis riguroso de los datos. Especialmente si, como parece ser el caso, estas cifras seguirán una tendencia de crecimiento. Sumar en esta labor a las autoridades regionales y locales podría ser uno de los cambios de mayor impacto en esta materia.

El desafío de promover alternativas está conectado con la capacidad de respuesta con la que se cuenta y con el conocimiento disponible. En un primer momento, la lectura debe ser prudente, pues aún existen desafíos en las capacidades de los sistemas de registro y en la disponibilidad de datos; y, sobre todo, porque bajo esas condiciones la distinción entre los fenómenos a los cuales se encuentra asociada la violencia letal puede volverse borrosa. Por consiguiente, se requiere un análisis espacial que muestre los tipos de homicidios asociados según territorios con tasas y cantidades más altas, y si estas responden a variables como violencia interpersonal, delincuencia común, sicariato, delincuencia organizada o a la facilitación de otros delitos. Por ejemplo, al realizar un análisis inverso de las acumulaciones por variables que presenta la data de homicidios se puede identificar que el distrito de Tambopata (Madre de Dios) muestra relación con la delincuencia organizada.

Como un segundo eje, la relación entre víctima y presunto victimario tiene una amplia diferencia según el sexo de la víctima. El hecho de que la víctima sea hombre o mujer influye, de manera significativa, en las causas, los contextos y la forma de violencia a las que estas son sometidas. Por eso, el supuesto de que la violencia contra las mujeres tiene una manifestación amplia debe estar en el centro de las propuestas en esta materia. Los datos revelan que su expresión más común y visible es la relacionada a la pareja y familia. Los estudios son claros: no se trata de hechos aislados, sino que, en efecto, las mujeres se encuentran expuestas a situaciones de desigualdad basadas en patrones culturales y sociales que deben ser abordados de manera estructural y específica.

En el caso de las mujeres, del total de muertes violentas asociadas a un hecho delictivo doloso, se registra, entre los principales tipos de homicidios, que el 41.5% fueron por homicidio calificado (asesinato), el 25.6% por feminicidio, el 9.4% por homicidio simple, y 7.8% por lesiones graves seguidas de muerte. Se observa así que cerca del 74.4% de mujeres víctimas de homicidio en el Perú son asesinadas por causas ajenas al feminicidio. Estos datos, si bien relevantes y cuya exploración es importante, resultan insuficientes para responder a un problema severo y de creciente preocupación como la violencia hacia las mujeres, que encuentra su forma más extrema en el feminicidio. Esto requiere de un particular cuidado porque podría haber circunstancias que generen dentro de esta cifra un subregistro no visible; implica, además, comprender que los tipos de homicidio de las mujeres adquieren un carácter especial debido a la forma de violencia a la que se encuentran expuestas.

En tercer lugar, un grupo importante de victimarios y víctimas de homicidio son hombres jóvenes. Un 37% (5,751) de las víctimas de muertes violentas, asociadas a hechos delictivos dolosos, son hombres de 15 a 29 años. De esta manera, la violencia juvenil se convierte en un fenómeno central que debe llamar el interés de los sectores nacionales y los gobiernos locales, especialmente en los ámbitos que busquen promover una intervención integral y acciones específicas vinculadas al inicio de la participación de adolescentes en hechos violentos, a la comisión de delitos y a su posible involucramiento en organizaciones criminales.

En cuarto lugar, si bien la violencia homicida se presenta a través de diversos medios, las armas de fuego se constituyen el principal medio para la comisión de homicidios (66.6%), tanto en hombres (70%) como mujeres (43.4%). Por tanto, su control es una preocupación en varios países de la región, sobre todo porque su disponibilidad y acceso podría incrementar considerablemente las muertes violentas.

En tal sentido, se pueden atender a experiencias concretas que han funcionado en América Latina, siempre y cuando no se pierda de vista que no existen recetas perfectas y que se debe tomar en cuenta las particularidades locales.

Finalmente, se necesita continuar la labor de producir y ensayar nuevos análisis para el estudio detallado de la violencia letal, incorporando en el análisis la relación entre el nivel de persecución penal de los homicidios y la disminución o crecimiento de las cifras en determinadas ciudades. La capacidad y respuesta de las instituciones vinculadas al control y persecución es relevante para comprender este vínculo, así como también indagar en las perspectivas de los operadores y de los aspectos más importantes de la investigación, las acusaciones fiscales y las sentencias judiciales para un estudio a profundidad de la violencia homicida.

Sin duda alguna, en esta línea, es relevante analizar, por ejemplo, los casos en los que se presenta una reducción como La Libertad y San Martín. Para este estudio, como el anteriormente señalado, es necesario revisar las tasas y frecuencias de los homicidios. Cabe resaltar del mismo modo, el aumento de la tasa en ciudades intermedias (con población entre 100 mil y 300 mil habitantes) de 5.3 víctimas a 14.6 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el periodo 2011-2017.

De hecho, los datos abren nuevas interrogantes a fin de contextualizar y explicar las causas recurrentes en la manifestación de ciertas tendencias en las tasas de homicidios, muestran la necesidad de mejorar los sistemas de registro y el método de cálculo de los mismos, además de la exigencia de generar evidencia empírica, más aun considerando el valor de las cifras para la función de la política criminal y de seguridad, a todo nivel, en nuestro país.


Referencias bibliográficas

Cano, I. & Rojido, E. (2016). Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe. Laboratorio de Análise da Violência; Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (2018). Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2017. Informe Estadístico Nº 6. 

Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA (2017). ¿Qué sabemos de los Homicidios en el Perú? Lima: MINJUSDH.

Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA (2017). Homicidios en el Perú. Análisis de tendencias. Lima: MINJUSDH.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. (2013b). Global study on homicide 2013. Trends, contexts, data. Viena: UNODC. Recuperado a partir de http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

Ribeiro, E., Borges, D. y Cano, I. (2015) Calidad de los Datos de Homicidio en América Latina. Brasil: Laboratorio de Análisis de la Violencia – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Año: 
2018
Eje Temático: 
Penitenciario

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