El internamiento: La última ratio como sanción resocializadora para adolescentes infractores

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El internamiento: La última ratio como sanción resocializadora para adolescentes infractores

INDAGA | 11/Oct/2016 |

 

Dr. Juan Carlos Guerra Arévalo (Sub Gerente) y Dra. Manyori Vega Gutiérrez (Asesora)

Gerencia de Centros Juveniles – Poder Judicial

Si bien los principios mínimos a considerar al momento de dictaminar el internamiento preventivo o como sanción se encuentran establecidos en los diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” ha sostenido que las medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los niños acusados de infringir leyes penales, sean legítimas y deben cumplir todos los requisitos mínimos aplicables a las personas privadas de su libertad sin que exista una sentencia de por medio. Adicionalmente a estos principios mínimos generales, la prisión preventiva de menores de 18 años, debe cumplir con requisitos especiales para precautelar su derecho a la protección especial en virtud a su edad.

La excepcionalidad a la privación de la libertad para los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal se encuentra reconocido en múltiples normas internacionales tales como el artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas 13 y 19 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores-Reglas de Beijing, la regla 6 de las Reglas mínimas sobre medidas no privativas de la libertad-Reglas de Tokio y la pauta 17 de las Reglas mínimas para la protección de los menores privados de libertad-Reglas de La Habana.

Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 señala que “en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”.

En ese sentido, se puede determinar que la privación de la libertad para los adolescentes que infrinjan la ley penal resulta excepcional y solamente debe ser utilizada como último recurso cuando no exista otra alternativa, por lo que se deben aplicar sanciones distintas al internamiento para casos de mínima gravedad.

Dentro de este contexto, el Estado Peruano viene afrontando una crisis en Seguridad Ciudadana, la cual se viene enmarcando en los casos de adolescentes infractores a la ley penal; sin embargo, no es tan cierto que la “Inseguridad Ciudadana” radique en los casos de adolescentes infractores a la ley penal.

De acuerdo a las estadísticas de la Gerencia de los Centros Juveniles del Poder Judicial, al mes de noviembre del 2015 se contaba con 3,244 adolescentes que cumplen alguna sanción por haber cometido una infracción a la ley penal (1,285 en los Servicios de Orientación al Adolescente y 1,959 en los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación) versus los 91,807 internos en los Penales de Adultos (Setiembre del 2015)[1].

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[1] Data Estadística de la Gerencia de Centros Juveniles y del Instituto Nacional Penitenciario.

Año: 
2016
Eje Temático: 
Adolescente Infractor

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