Efectos de la privación de la libertad entre adolescentes en conflicto con la Ley Penal

Solapas principales

Efectos de la privación de la libertad entre adolescentes en conflicto con la Ley Penal

INDAGA | 22/Oct/2018 |

Por. Hugo Morales Córdova

Consultor Internacional en Justicia Juvenil

Profesor Auxiliar de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú

 

La adolescencia es definida como una etapa del desarrollo humano caracterizada por profundas transformaciones biopsicológicas, y por la adquisición de un estatus social y rol distintos a los de la niñez, que son posibles de ser logrados con éxito gracias a un periodo de transición protegida que la sociedad confiere al adolescente. Estos ensayos sobre los roles futuros son cruciales para el comportamiento apropiado adulto que se espera que el adolescente adquiera. Pero ¿qué sucede cuando el comportamiento de infracción a la Ley Penal recibe una respuesta estatal que contradice su misma naturaleza socioeducativa?, ¿es que se puede socializar en el valor de los bienes jurídicos en un contexto institucional y por ende, artificial?, ¿a quién protegemos cuando la Justicia priva de su libertad a un adolescente en un Centro Juvenil, al adolescente de sí mismo, o a la sociedad de éste?, ¿qué mensaje se le da al adolescente cuando es institucionalizado?, ¿qué evidencias existen a favor del internamiento privativo de la libertad a una persona cuya etapa de desarrollo se llama Libertad?. En términos de calidad del gasto social, ¿el internamiento es una decisión basada en un análisis costo-beneficio positiva para el adolescente, la víctima, el Sistema de Justicia y la Sociedad? Este artículo busca ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes.

 

A setiembre de 2018, existen casi 4,000 adolescentes en conflicto con la Ley Penal atendidos por el Sistema Reinserción Social del Adolescente Infractor (SRSAI) del Poder Judicial en el país[1]. Aunque la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el inciso b del artículo 37 indica que la privación de la libertad debe ser usada como medida de último recurso[2], en la práctica de los Sistemas de Justicia Juvenil latinoamericanos, es la medida empleada con mayor discrecionalidad por parte de los jueces, y explica resultados como el descrito. Ante esta situación, cabe preguntarnos ¿del total de adolescentes internados en el país, todos o sólo algunos (y si es así, ¿cuántos?) ameritan ser internados en un Centro Juvenil?

 

Los estudios en el campo de la Psicología Criminológica han demostrado que los espacios de atención y cuidado residencial para adolescentes con problemas de conducta, no son más efectivos que otros sistemas alternativos a la privación de libertad (es decir, no institucionalizadores), como los servicios de atención no residencial, sean estos completamente abiertos o semiabiertos (cuando los adolescentes pernoctan voluntariamente en la institución, que cumple una función de residencia juvenil). Más aún, se ha evidenciado la presencia de efectos negativos de la institucionalización, como síntomas de depresión, ansiedad, estados de sobrealertación y paranoia, sentimientos de inadecuación durante el comportamiento social (caminar por la calle, comprar en un supermercado, conversar con un extraño), la autopercepción de sentirse extraño y diferente del resto de adolescentes, así como la creencia paranoica de que “los demás” saben que “uno” (el adolescente) es peligroso o se ha encontrado privado de la libertad, o peor aún, el convencimiento que “uno mismo” (el adolescente) es una persona peligrosa con pocas oportunidades de cambio (condenado a ser siempre “así”). Un efecto negativo encubierto y poco conocido de la institucionalización puede evidenciarse sobre el derecho (no suspendido) a la Educación, cuyo ejercicio no produce los efectos esperados en la vida de este grupo de adolescentes.

 

Algunos estudios en Neurociencia Social han demostrado que los niveles de estrés que se generan, y las descargas de cortisol y noradrenalina (hormonas del estrés) que se liberan en el cerebro durante el tiempo promedio (un año) de permanencia en un Correccional, explica de manera significativa por qué la mayoría de los adolescentes infractores no aprenden apropiadamente contenidos abstractos en el futuro, como consecuencia de los efectos del estrés sobre el desarrollo apropiado de sus cerebros, independientemente de posibles desventajas neuropsicológicas o nutricionales que ellos puedan traer (prevalentes). Un ejemplo de lo anterior puede ser reconocido en el siguiente ejercicio: intente resolver un problema matemático o redactar un documento importante después de haber sido asaltado o vivir una experiencia de alta incertidumbre (semejante a las primeras semanas de internamiento); o intente aprender algún nuevo conocimiento que requiera de demanda cognitiva (esfuerzo mental) durante un periodo de duelo o pérdida. La respuesta del sistema nervioso es, con mayores o menores distinciones, la misma, es decir, inapropiada para aprender y continuar con el desarrollo natural. De acuerdo con lo anterior, reconocer el valor de las medidas alternativas a la privación de libertad es más que imprescindible.

 

Aunque estos resultados se evidencian en mayor medida entre aquellos grupos de adolescentes con una experiencia importante de institucionalización (tiempo de internamiento), debe mencionarse que la principal variable que explica la mayor parte de los efectos descritos, es el sólo hecho del internamiento, es decir, es la experiencia de ser institucionalizado, con todos los correlatos sociales, familiares, judiciales y psicológicos que ello supone. Es importante destacar lo anterior, porque con frecuencia los operadores de justicia proceden desde una actitud protectora o “paternal” cuando deciden el internamiento de un adolescente, optando por su internamiento, para evitar que pase más tiempo en la calle y se exponga a los mismos riesgos que lo llevaron ante la Justicia. Sin embargo, adicionalmente a los efectos iatrogénicos señalados de esta medida, los efectos de estigmatización que produce el internamiento, el mensaje de peligrosidad que el hecho en sí mismo produce, y el contrasentido implícito del trabajo de socializar (o re-socializar) en el valor de los bienes jurídicos y el desarrollo de competencias psicosociales en un medio artificial (produciendo daños en el autoestima y en el autoconcepto de estos adolescentes), constituyen los principales resultados de esta medida extrema, cuando no, el aprendizaje y la especialización en la carrera del crimen.

 

La Psicología del desarrollo señala que los montos más importantes del comportamiento social adulto son aprendidos durante la adolescencia, siempre que existan oportunidades de contención, retroalimentación y acompañamiento a los procesos de transformación adolescente. El cerebro experimenta impresionantes cambios y se forman y activan nuevos esquemas mentales que regulan el comportamiento. Los contenidos posibles de una socialización adecuada en estos esquemas en formación, tienen una oportunidad única para ofrecerle al adolescente alternativas de cambio, y ayudarle a comprender que “él no es peligroso” ni es “una persona mala”, y que puede cambiar, pero sobre todo, reparar el desequilibrio que ha producido. El modelo de Justicia Juvenil Retributiva actual impide que el adolescente desarrolle un sentido personal de responsabilidad por sus acciones, así como su capacidad de “reparar” (restaurar) y comprender que su comportamiento no fue el mejor, y tomar conciencia del daño que ha producido, a una persona real, a las relaciones, y no a la Ley en sí misma, como lamentablemente se entiende. De acuerdo con Melanie Klein, una destacada psicoanalista del desarrollo infantil y juvenil, comprender que somos seres vivientes con la capacidad para reparar las consecuencias de nuestros actos equivocados (frecuentes entre los ensayos de la edad adolescente) es de central importancia para el desarrollo de una personalidad saludable, una identidad auténtica y la vida en Sociedad. La privación de libertad es una negación a esta posibilidad de cambio y crecimiento porque es arbitraria a la naturaleza de los hechos que han devenido en una ruptura de las relaciones sociales (¿ser privado de la libertad de qué forma se relaciona con la restitución del bien, del daño, de la pérdida ocurrida?).

 

La adolescencia es una etapa de desarrollo donde la intervención estatal puede producir los resultados esperados, si se repara en las características propias del desarrollo. En muchas partes del mundo, la experiencia de ingreso a un Centro Juvenil, es una posta de inicio en una ruta que forma parte de una trayectoria criminal, porque la presencia del Estado no fue efectiva, porque no llegó cuando debió llegar (bajo la forma de políticas públicas de educación, salud, empleo juvenil, protección familiar, entre otras), o cuando llegó en el momento adecuado, empleó estrategias retributivas, represivas y judicializadoras.

 

La evidencia a favor del internamiento sólo ha sido apreciada en casos de ofensores juveniles severos, donde la decisión de internarlo obedece a protegerlo de sí mismo, y no a la Sociedad de éste. Sin embargo, estos constituyen un grupo pequeño de adolescentes. El grupo mayor de adolescentes es el grupo que no necesita probablemente ser internado. La oportunidad para que la intervención de la Justicia haga un trabajo efectivo lleva el nombre de Medidas Alternativas, y mejor aún, impidiendo la judicialización de los casos. Finalmente, la tendencia mundial se dirige a la desaparición de centros privativos de la libertad para jóvenes en conflicto con la Ley Penal, debido a que no han mostrado resultados destacadamente superiores a otros esquemas de atención alternativos a la privación de libertad, y porque resultan altamente costosos, no sólo en términos financieros al momento de ofrecer el servicio, sino posterior a éste, cuando ha producido efectos de especialización y aprendizaje en la carrera criminal, han conducido a los adolescentes a los efectos de la inercia criminal, y han generado desarraigo familiar y afectado el desarrollo psicológico de aquellos a quienes esperaban servir reorientando su comportamiento.

 

[1] Estadísticas de los Adolescentes Infractores de los Centros Juveniles del Poder Judicial a nivel nacional. Gerencia de Centros Juveniles. Setiembre de 2018.

[2] Así como las Reglas de Beijing, que en la regla 17.1 Principios rectores de la sentencia y la resolución, que en su inciso b), indica textualmente “Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”.

 

Año: 
2018
Eje Temático: 
Adolescente Infractor

Dudas o consultas sobre violencia o criminalidad

Contacta dejando tus datos para ayudarte