Adolescentes en Conflicto con la Ley: Buenas Prácticas en América Latina

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Adolescentes en Conflicto con la Ley: Buenas Prácticas en América Latina

INDAGA | 11/Oct/2016 |

 

Ernesto Rodríguez

Sociólogo Uruguayo, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU)[1]

 

En el diseño y la evaluación de políticas públicas relacionadas con la seguridad pública, suele distinguirse entre aquellas que enfatizan los componentes punitivos y aquellas que enfatizan los componentes preventivos. A su vez, entre éstas últimas, suele distinguirse entre las que están dirigidas al conjunto de adolescentes y jóvenes (prevención primaria), aquellas que están dirigidas a las y los adolescentes y jóvenes en situación crítica o vulnerable (prevención secundaria) y aquellas dirigidas a adolescentes y jóvenes que ya han cometido alguna falta o cometido algún delito (prevención terciaria).

Es en este último grupo en el que se ubican las prácticas dirigidas a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, y en este campo, suelen distinguirse dos grandes conjuntos de políticas públicas: las que se centran en la privación de libertad y las que operan en torno a medidas alternativas a la privación de libertad: libertad asistida, trabajos comunitarios y justicia juvenil restaurativa, entre las más relevantes. Se trata, en su conjunto, de medidas (privativas y no privativas de libertad) que están claramente definidas en los Sistemas Penales Juveniles y en la normativa vigente -a nivel nacional e internacional- de los diferentes países de la región, pero que se aplican a través de prácticas muy diversas[2].

Uno de los temas que más debates ha provocado en las últimas décadas en casi todos los países de la región, es el de la edad de inimputabilidad ante la comisión de delitos, esfera en la cual, contrariamente a la normativa vigente (que establece la edad de 18 años, prácticamente en todos los casos) diversos sectores políticos y sociales han venido impulsando rebajas a los 16 y hasta los 14 años (para ciertos delitos graves) con el argumento de que los “menores” son utilizados por los mayores para cometer ciertos delitos, precisamente, porque son “inimputables” ante la ley. Sin embargo, en ningún caso, esta ha sido una medida que ha incidido positivamente en la disminución de delitos en los que están involucrados menores de edad.

En la misma línea, al momento de dictar sentencia ante la comisión de diferentes delitos por parte de adolescentes infractores, en varios países de la región se han venido privilegiando las medidas privativas de libertad, desconociendo el principio de que ésta sea una medida “de último recurso”, lo que ha sobrecargado los Centros Juveniles de acogida de estos adolescentes (mayoritariamente varones, pertenecientes a sectores sociales en situación de exclusión social) sin que éstos puedan mostrar resultados satisfactorios, en términos de reinserción social de la población adolescente con la que trabajan. Por lo dicho, tampoco ésta ha sido una línea de acción adecuada.

En cambio, en los casos en que se ha privilegiado el dictado de penas alternativas a la privación de libertad, los resultados que se han logrado han sido más satisfactorios: los niveles de reinserción social aumentan, los niveles de reincidencia delictiva disminuyen y la labor de las instituciones implicadas (justicia, organizaciones de la sociedad civil, etc.) es mejor evaluada.

En este marco, suele destacarse al Sistema Penal Juvenil de Costa Rica como una de las mejores prácticas en América Latina en estos dominios, dado que entre dos tercios y tres cuartas partes de las penas establecidas en las últimas décadas (desde que comenzó a operar en 1996) han sido penas alternativas a la privación de libertad, logrando resultados notoriamente superiores a los obtenidos en otros países de la región (centroamericana en particular y latinoamericana en general) donde los respectivos parámetros están invertidos (primando las medidas privativas de libertad, como ocurre en el triángulo norte centroamericano, en México y en la mayor parte de los países sudamericanos.

Varias ONGs internacionales han venido trabajando en este sentido en los diferentes países de la región, promoviendo las medidas alternativas a la privación de libertad. Es el caso de Save the Children, Plan Internacional y Terre des Hommes, entre otras. En este último caso, en particular, TdH cuenta con proyectos en varios países de la región, concentrados -en particular- en la implementación de la denominada justicia juvenil restaurativa, que a diferencia de la justicia juvenil punitiva, centra su atención en la reparación del daño cometido, a partir de diálogos entre víctima y victimario, con lo que se han conseguido importantes resultados en términos de resolución de conflictos, descongestionando (a la vez) los sistemas penales juveniles como tal (al intervenir antes de que los casos lleguen a la justicia).

En Perú, en particular, la experiencia desarrollada por el Ministerio Público (con el apoyo de TdH) en El Agustino y otras zonas del país, ha impactado positivamente en los entornos respectivos, lo que ha posicionado esta experiencia como un referente importante en la región, al punto que actualmente no sólo está ampliando su cobertura en el territorio a nivel nacional (apoyando desarrollos similares en Trujillo, por ejemplo) sino también en varios países vecinos, como Bolivia y Paraguay, entre otros. Las evaluaciones disponibles muestran con gran elocuencia los resultados obtenidos y las potencialidades de esta modalidad, en diversos contextos nacionales y locales a lo largo y ancho de nuestro continente[3].

En momentos en que diversos sectores políticos y sociales demandan más “mano dura” ante el supuesto desborde de los delitos cometidos por “menores”, resulta pertinente ubicar rigurosamente los principales parámetros de estas dinámicas, para alimentar con la mayor racionalidad posible los debates que se vienen procesando a lo largo y ancho de la región. Las “lecciones aprendidas” muestran claramente los límites de las medidas punitivas y el valor de las prácticas centradas en la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad.

 

[2] Terre des Hommes (2011) Compendium de Documentos de Referencia en Materia de Justicia Juvenil. Managua. Disponible en www.tdh.ch

[3] Por más información, se puede consultar la colección completa de la Revista Justicia para Crecer, disponible en línea en http://justiciajuvenilrestaurativa.org/justiciaparacrecer.php

Año: 
2016
Eje Temático: 
Adolescente Infractor

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