“El Consejo Nacional de Política Criminal debe consolidarse”

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“El Consejo Nacional de Política Criminal debe consolidarse”

INDAGA | 13/May/2019 |

El Dr. Víctor Prado es una de las mentes más lúcidas del Perú en Política Criminal. Es profesor universitario por décadas. Abogado y magistrado peruano, ha sido presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. También es representante del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) desde su fundación.

Conversamos con él sobre el CONAPOC, la criminología, la política criminal,  el bicentenario y los desafíos para conseguir un país seguro.

El expresidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial  habla claro:

¿Cuál es la contribución del CONAPOC, al sistema de administración de Justicia Penal?

De momento es una contribución bastante silenciosa: poco o nada se ha logrado difundir –en el colectivo social– sobre la existencia del CONAPOC y de las importantes funciones que debe desempeñar para la construcción de la política criminal nacional.

En ese sentido, estoy convencido en la necesidad del fortalecimiento del CONAPOC e INDAGA,  y al respecto hay mucho por hacer, sobre todo, porque sus funciones legales lo colocan como un ente rector que debe promover la producción de inteligencia estratégica que permita al Estado tomar decisiones útiles y viables para la prevención del control del delito.

Sin embargo, urge comprometer al Estado a través de los órganos del Ejecutivo y sobre todo del Legislativo, para que estos alimenten al Consejo de las necesidades de legislación que nuestro país demanda.  Las experiencias recientes nos muestran que las normas son sumamente deficientes, su producción es dispersa y la falta de aval empírico de la norma es la razón por la cual se evita que podamos controlar sus impactos y sus defectos sobre la problemática que debamos enfrentar.

Por lo expuesto, ¿cuál es la agenda que debería tener el CONAPOC?

El CONAPOC, en un primer momento, debe consolidarse, pero no a partir de lo que ha sido hasta ahora; esto de reuniones que tienen por agenda aprobar cosas que luego no sabemos si funcionan o no, no es serio.  Yo creo que debe haber un compromiso de consolidación interna que permita que sus órganos desarrollen un proceso de aproximación empírica a la realidad de la criminalidad.  Es decir, que recojan y analicen la información de otras fuentes oficiales y extraoficiales para la “gran tarea”, la  construcción de un plan nacional de política criminal.

Una primera etapa es consolidar nuestra estructura, nuestras funciones, ponerlas en práctica o potenciarlas y que nos permita su ejercicio serio y oportuno.

La segunda etapa es hacer una retroalimentación de lo que ya hemos hecho. A la fecha ya tenemos hasta dos planes aprobados, inclusive convertidos en políticas nacionales, pero cuando tenemos que exhibir resultados o conocer el impacto de lo avanzado, no tenemos información, ni estadísticas. Esto es un problema importante, por lo que se hace necesaria la elaboración de instrumentos de evaluación.

Por ello, es muy importante hacer un monitoreo de estas políticas a través de las estrategias implementadas, para ver si funcionaron efectivamente, para poder corregir o reformular dichos planes. 

¿Qué rol debe jugar el CONAPOC para el Bicentenario?

Es un proceso histórico complejo, pero un aspecto que considero sumamente  trascendente es lograr que la población y los órganos estatales competentes, apoyen la viabilidad de este organismo y, sobre todo, de su producción legislativa.

Yo soy penalista, tengo formación teórica en política criminal. Justamente, mi primer libro sobre esta materia, publicado en 1984, se llamaba Política Criminal Peruana. De allí que forma parte de una de mis metas personales es poder consolidar un organismo dedicado a esta materia en el Perú.

CONAPOC surge a iniciativa del Congreso de la República, específicamente a través de uno de mis ex alumnos, el ex congresista Alberto Beingolea, quien quiso rendir homenaje a su profesor, dando vida a lo que por mucho tiempo fue solamente un ejercicio teórico. Es por ello que siento que de aquí al Bicentenario, cuando menos, debemos llegar con un organismo sólido que tenga conexión directa con la producción legislativa, y con el control de calidad de la misma; claro está, con el soporte informativo que justifique dicha producción.  Hasta ahora solo hacemos crecer el código penal, incrementamos las penas privativas de libertad y hacinamos las cárceles donde ya no hay espacio para esa grave demanda delictiva.  Lamentablemente, se ha descuido mucho el plano de la prevención, habiéndose avanzado apenas un 10% de lo que se debería.

¿Considera importante fortalecer las medidas alternativas a las penas privativas de libertad?

Uno de mis trabajos académicos ha sido, justamente, el desarrollo de medidas alternativas a las penas privativas de libertad. El problema es que estas medidas ingresaron en  crisis desde mediados de la década anterior, de manera que los países, la sociedad, tienen una mirada negativa sobre ellas. 

Hemos transitado de un modelo promotor de las medidas alternativas, más bien, hacia uno que busca anularlas. El único espacio que hay es la política hemisférica en materia de control de drogas, la misma que tiene como función orientar las alternativas al encarcelamiento, hacia formas no relevantes de tráfico de drogas de los pequeños cultivadores, pequeños comerciantes al menudeo de droga, mujeres y jóvenes, entre otros; hay todo un esfuerzo por trabajar este proyecto, ocasionalmente, he sido consultor del mismo a nivel de la OEA.

Tomar en cuenta las medidas alternativas en nuestro país es, hoy en día, bastante factible, ya que alrededor del 20 % de personas que están en las cárceles peruanas, tienen penas no mayores de cinco años por lo que podrían ser candidatos a sustitución o alternativas. Ahora tenemos posibilidades de excarcelación anticipada hasta seis años, vía la conversión de las penas en ejecución;  tenemos la famosa vigilancia electrónica que podría alcanzar hasta ocho años; es decir, hay opciones, pero a la población no les motiva mucho las mismas, ya que las leen como una forma de excarcelación, que es consecuencia de la corrupción a favor de las  personas en prisión.

Otro punto es que hay personas encarceladas por delitos sobre criminalizados, es decir, delitos que no pueden acceder a medidas alternativas o a beneficios penitenciarios, entonces esto nos debe llevar a seguir insistiendo, a repensar ideas y modelos que sean más compatibles con la expectativa social y la realidad nacional. Por ejemplo fortalecer el trabajo o servicio comunitario.

¿Cuál es el principal problema para lograr la erradicación del crimen organizado?

Los problemas sociales como la criminalidad no se solucionan, solo pueden ser modificados cualitativamente y cuantitativamente a través de la política criminal. El objetivo es hacerlos tolerables a la sociedad, a los programas de desarrollo social. La criminalidad organizada en el Perú, en las publicaciones que he hecho sobre la materia, está visualizada en dos niveles: una criminalidad organizada violenta y una criminalidad organizada relacionada con la producción de bienes y servicios de circulación ilegal, prohibida, etc.; son dos perfiles distintos, por ende, la opción estratégica en torno a ellas cambia, es distinta, es dinámica.

La criminalidad visible es la que se evidencia en la televisión, especialmente en los noticieros,  donde vemos, por lo menos durante 10 minutos, esa criminalidad violenta en acción. De la otra hablamos poco, salvo que se toquen temas como el lavado de activos, la trata de personas, se trata de expresiones de otra criminalidad que sí le deben preocupar al Estado; es una criminalidad organizada,  productiva, a diferencia de la otra que es simplemente una criminalidad de despojo que requiere una estrategia apropiada,  y la realidad es que la intervención estatal en este tema es sumamente deficiente.

En su opinión, ¿cuál sería el modelo de la política criminal del Estado?

No queda duda, yo le llamo modelo de “gobernar a través del delito”. El Estado ha hecho de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana, un mecanismo de soporte de sus otras políticas. Cada vez que hay un nuevo Gobierno y pide facultades legislativas al Congreso, lo primero que hace es colocar, siempre, dentro de las políticas financieras, económicas, sanitarias, algo que tenga que ver con el crimen.  ¿Por qué? Porque eso le asegura, por un lado, la  convocatoria social, y por otro, el compromiso político de los parlamentarios; y obtiene, de esta manera, sus facultades legislativas, pero en sí, se olvida del problema y no le da la atención debida.  Se trata, pues, de una política criminal –como en muchos países de Latinoamérica–, de momento muy simbólica, muy conectada al punitivismo excesivo, pero que trae una consecuencia más grave y es que la población va perdiendo confianza en la respuesta penal: eso lleva al famoso “chapa a tu choro y déjalo paralítico” que ya está ocurriendo en varias localidades del Perú; y eso si es alarmante.

¿Existe una academia criminológica o una academia política criminal? ¿Alguna vez la hubo?

En el Perú, la criminología se ha reducido siempre a un curso de historia de la criminología, no ha habido una formación técnica en criminología aplicada, cosa que debemos empezar a hacer. Después de volver de mi formación en el extranjero, logré incorporar un curso de Política Criminal  en la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego en la de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hicimos una política criminal, entendiéndola como lo que es: una disciplina que permite identificar los procesos, objetivos, estrategias y acciones que desarrolla el Estado frente a la criminalidad; una política criminal operativa técnica, pero de eso todavía no hay un perfil definido, no tenemos textos.  Justamente, estoy por publicar un manual –que lo quise hacer toda mi vida– sobre política criminal, que es lo que nos falta.

La academia no entiende, todavía, la importancia de la política criminal y las escuelas de ciencia política; no tienen un curso, ni un área sobre políticas públicas contra la delincuencia.  La única que ha hecho una actividad importante sobre este dominio es la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través del Laboratorio de criminología y violencia social, que tenía un liderazgo indiscutible; dentro de este, Jaris Mujica es quien ha aportado una visión diferente, lo que no ha hecho ninguna otra universidad del país.

A mí, particularmente, me motiva mucho que se pueda generar el llamado voluntariado “criminólogos en acción” con jóvenes que realiza el Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA; de momento, para ir captando recursos profesionales, técnicos y, también, una proyección hacia la universidad. Es muy importante captar ese interés de los jóvenes en proyectos de investigación criminológica o de formación político criminal; creo que el CONAPOC, en el futuro, debe cubrir ese espacio.

¿Cuáles son los temas de agenda en política criminal y criminología que se deben priorizar?

La prioridad está en función a lo que he mencionado anteriormente: tenemos un panorama de la criminalidad que posee manifestaciones  muy  trascendentales para los colectivos sociales, como es la criminalidad violenta, los robos, los secuestros, las extorsiones, y tenemos la otra, la criminalidad organizada real. Esto es, la criminalidad productiva que se presenta a través del lavado de activos, el tráfico de drogas –el tipo de manifestaciones más conocidas en el país– pero tiene también otras exposiciones como la minería ilegal, la tala ilegal, y  la trata de personas, que cada vez se incrementa más. Es decir, las líneas de investigación deben ir hacia aquellos puntos que, de momento, son críticos, sin perder de perspectiva la prevención. 

Nosotros teníamos un plan sobre menores infractores, adolescentes infractores, pero se quedó allí y no avanzó como debería, hasta ahora no tenemos resultados tangibles – ni conocemos- de que tan útil ha sido. Algo similar está ocurriendo con la trata de personas. Yo soy sumamente crítico porque me ha tocado ser parte de un número importante de organismos públicos; tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción y el resultado siempre es el mismo: se crean muchos organismos con muchas personas de muy alto nivel, lo que dificulta y limita que ellos puedan alcanzar una eficacia operativa y construir realmente actividades que alcancen un rendimiento aceptable. Hay mucho por hacer y por algo hay que comenzar. Me parece excelente que existan diez líneas de investigación en el voluntariado “Criminólogos en acción”.

¿Qué recomendaciones daría para mejorar las políticas públicas?

Primer punto: que no cambien los ministros de Justicia, ni los directores del CONAPOC; las políticas públicas tienen que ser permanentes, no volubles o coyunturales, deben ser necesariamente constantes. No pueden estar al talante, expectativa o interés de cada nuevo ministro.  En este ámbito, hay, pues, tareas inmediatas que parten por la continuidad de los objetivos, de las estrategias y de las personas, para lograr los resultados esperados. Por otro lado, el Estado debe desarrollar líneas de cooperación con las universidades para un desarrollo académico y de intervención, para medir las políticas y su implementación.

 

Año: 
2019
Eje Temático: 
Penitenciario

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